Informes, Políticas y Leyes

Derechos y Responsabilidades

Cada persona con una discapacidad del desarrollo tiene los mismos derechos, protecciones y responsabilidades que todas las demás personas según las leyes y la Constitución del estado de California, y según las leyes y la Constitución de los Estados Unidos. A menos que la ley lo restrinja, estos derechos pueden ser ejercidos a voluntad por cualquier persona con una discapacidad del desarrollo. Estos derechos incluyen, pero no se limitan a:

​

I. Derechos de acceso
​A derecho a servicios de tratamiento y habilitación. Los servicios de tratamiento y habilitación fomentarán el potencial de desarrollo de la persona. Dichos servicios protegerán la libertad personal de la persona y se prestarán en las condiciones menos restrictivas necesarias para lograr los fines del tratamiento.

• Un derecho a la dignidad, privacidad y cuidado humano.

• El derecho a participar en un programa adecuado de educación con apoyo público, independientemente del grado de discapacidad.

• El derecho a la libertad y práctica religiosa, incluido el derecho a asistir a los servicios o a negarse a asistir, a participar en el culto o no participar en el culto.

• Derecho a atención y tratamiento médico oportuno y adecuado.

• Un derecho a la interacción social y la participación en actividades comunitarias.

• Derecho al ejercicio físico y oportunidades recreativas.

• El derecho a estar libre de daños, incluida la restricción física innecesaria o el aislamiento, la medicación excesiva, el abuso o la negligencia. Los medicamentos no se utilizarán como castigo, para conveniencia del personal, como sustituto del programa o en cantidades que interfieran con el programa de tratamiento.

• El derecho a estar libre de procedimientos peligrosos.

• El derecho a los servicios de defensa, según lo dispuesto por la ley, para proteger y hacer valer los derechos civiles, legales y de servicio a los que tiene derecho cualquier persona con una discapacidad del desarrollo.

• El derecho a no ser discriminado por la exclusión de la participación o la denegación de los beneficios de cualquier programa o actividad que reciba fondos públicos únicamente por el hecho de ser una persona con una discapacidad del desarrollo.

• Un derecho de acceso a los tribunales para fines que incluyen, entre otros, los siguientes:

  • Para proteger o hacer valer cualquier derecho al que tenga derecho cualquier persona con una discapacidad del desarrollo;

  • Cuestionar una decisión de tratamiento que afecte tales derechos una vez agotadas las vías administrativas previstas por la ley, si las hubiere;

  • Consultar los términos y condiciones de internamiento en cualquier centro de salud o atención comunitaria, u hospital estatal, por medio de
    de un recurso de hábeas corpus, y para impugnar una tutela o curatela, sus términos y/o la persona o entidad designado como tutor o curador.

​

II. Derechos Personales

Toda persona con una discapacidad del desarrollo que haya sido admitida o internada en un hospital estatal, centro de atención comunitaria o centro de salud tendrá derechos que incluyen, entre otros, los siguientes:

• Mantener y poder gastar el propio dinero para necesidades personales e incidentales.

•  Guardar y vestir la propia ropa.

• Conservar y utilizar los efectos personales propios, incluidos los artículos de tocador.

• Tener acceso al espacio de almacenamiento individual para su uso privado.

• Para ver visitantes cada día.

• Tener acceso razonable a teléfonos, tanto para hacer y recibir llamadas confidenciales, como para que se hagan llamadas a pedido.

• Para enviar y recibir correspondencia sin abrir y tener fácil acceso a materiales para escribir cartas, incluido el franqueo suficiente en forma de sellos postales de los Estados Unidos.

• Rechazar la terapia electroconvulsiva ("TEC").

• Rechazar técnicas de modificación de conducta que causen dolor o trauma.

• Rechazar la psicocirugía. Psicocirugía significa aquellas operaciones actualmente denominadas lobotomía, cirugía psiquiátrica y cirugía conductual y todas las demás formas de cirugía cerebral si la cirugía se realiza para cualquiera de los siguientes propósitos:

  • Modificación o control de pensamientos, sentimientos, acciones o comportamiento en lugar de tratamiento de una enfermedad física conocida y diagnosticada del cerebro.

  • Modificación de la función cerebral normal o del tejido cerebral normal para controlar pensamientos, sentimientos, acciones o comportamiento.

  • Tratamiento de función cerebral anormal o tejido cerebral anormal para modificar pensamientos, sentimientos, acciones o comportamiento cuando la anormalidad no es una causa establecida para esos pensamientos, sentimientos, acciones o comportamiento.

  • Otros derechos especificados por los reglamentos administrativos de cualquier agencia federal, estatal o local.

    Autoridad: Sección 11152, Código de Gobierno.

    Referencia: Secciones 4423, 4473, 4503 y 4504, Código de Bienestar e Instituciones.

​

tercero Denegación de derechos por “buena causa”

Denegación de derechos por “buena causa” por parte de un centro residencial con licencia Los residentes de centros con licencia del estado de California para prestar servicios a personas con discapacidades del desarrollo pueden tener derechos específicos negados por el titular de la licencia. Estos derechos específicos pueden negarse solo bajo las siguientes condiciones:

El titular de la licencia o la persona designada por el titular de la licencia puede, por “BUENA CAUSA”, denegar a un residente cualquiera de los derechos enumerados en Derechos personales (a) a (g) inclusive. No se puede negar ningún otro derecho mencionado a menos que lo autorice el sistema judicial.

“BUENA CAUSA” existe solo cuando el titular de la licencia determina explícitamente que:

• El ejercicio del derecho específico que se pretende denegar sería perjudicial para la persona que de otro modo tendría derecho a ejercerlo; o

• Hay evidencia de que el derecho específico que se pretende negar, de ser ejercido por esa persona, vulneraría gravemente los derechos de los demás; o

• La institución o establecimiento sufriría un grave daño en la planta física si no se niega el derecho específico; y,

• No hay medios menos restrictivos para proteger el interés específico enumerado en (1), (2) o (3) de esta subsección.

El motivo esgrimido para justificar la denegación por causa justificada de cualquier derecho debe estar relacionado con el derecho específico denegado. No se retendrá ni negará un derecho como medida punitiva, ni se considerará ningún derecho como un privilegio a ganar. Una modalidad, enfoque o plan de tratamiento no constituirá causa justificada para la denegación de cualquiera de los derechos especificados en este subcapítulo.

​

En el momento en que comience la denegación de una buena causa, se informará a la persona a la que se le niega cualquier derecho del derecho a:

• Apelar la base de la denegación a través del procedimiento de queja o el proceso de audiencia imparcial previsto en las Secciones 4700-4725 del Código de Bienestar e Instituciones.

• Negarse a someterse a la denegación del derecho por una buena causa y desalojar la instalación (si el residente es una persona que tiene derecho legal a abandonar la instalación a voluntad).

Autoridad: Sección 11152, Código de Gobierno; y la Sección 4416, Código de Bienestar e Instituciones.

Referencia: Secciones 4503, 4504 y 4648(b), Código de Bienestar e Instituciones.

IV. Procedimiento de queja

Hay un procedimiento de queja disponible para los clientes o representantes que actúen en nombre de un consumidor que crean que un centro regional, un centro de desarrollo o un proveedor de servicios ha abusado, retenido punitivamente o negado de manera indebida o irracional un derecho al que tiene derecho el cliente. La remisión inicial de cualquier queja se hará al director del centro regional. Si el consumidor reside en un centro de desarrollo estatal, la queja se presentará ante el director del centro de desarrollo estatal. El director deberá, dentro de los 20 días, investigar la queja y enviar una propuesta de resolución por escrito. Si la queja no se resuelve, se dispone de procedimientos administrativos adicionales. Los coordinadores de servicios abogan por los derechos de los consumidores. La defensa tiene muchas definiciones, pero sin duda requiere una comprensión y conocimiento de los derechos de todos los ciudadanos, la capacidad de alentar y apoyar la implementación de estos derechos en cualquier entorno y la voluntad de intervenir de manera adecuada cuando sea necesario.

​